Después de unos meses de análisis de nuestra realidad, y tras el inicio de las campañas en miras a las presidenciales de fin de año; resulta paradójico la falta de originalidad con que algunos sectores de derecha pretenden colocar en la palestra pública, nuevamente, el tema de la migración irregular.
Aunque si bien es cierto que las palabras crean realidades, no es menor que, en un año electoral, la derecha levante banderas y posicione el concepto de “crisis social” generada por la migración irregular, sin medir los hechos que dieron pie a este fenómeno.
Sólo basta recordar algunos hechos históricos que, por lo general, la sociedad olvida, ya sea por un circunspecto acomodo de la realidad o porque, lisa y llanamente, a veces es más pertinente la amnesia a reconocer el error cometido.
Fue el 22 de febrero de 2019 cuando el expresidente Sebastián Piñera arribó a Cúcuta en el avión presidencial, donde se reunió con Iván Duque, expresidente de Colombia; Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay; y Juan Guaidó, excandidato presidencial y opositor al régimen de Nicolás Maduro.
La apuesta de este viaje de mandatarios a la frontera entre Brasil y Venezuela no sólo propiciaba la entrega de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, sino también una operación política impulsada por Duque, para que los mandatarios de Colombia o Chile asumieran un liderazgo en el continente.
Fue esa apuesta, marcada quizás por la ambición y emoción del momento, donde el expresidente Piñera declara: “vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!”, un spoiler sin precedentes que fue un error y que, por añadidura, fue el principio del fin del problema migratorio que comenzó a vivir el país.
De ahí la historia es conocida por todos. La oleada de migrantes ingresando por Colchane ha sido parte de los titulares de la prensa, así como la situación de migrantes en las calles de Iquique, y la ofuscación social por un desorden que no fue controlado desde sus inicios.
Y quizás ese es el punto medular de este fenómeno. Chile nunca estuvo preparado para recibir una gran cantidad de migrantes. La falta de una política pública clara y definida, escasez de recursos públicos tanto en lo humano como en dinero; y una ley de extranjería obsoleta en su momento; fueron factores que contribuyeron a un mal manejo de la situación.
Si a ello se suman las decisiones poco ortodoxas adoptadas por la anterior administración para frenar el ingreso irregular de migrantes, como por ejemplo, la construcción de una zanja en Colchane, disponer de militares para el resguardo de la frontera sin atribuciones más que simples custodios y, finalmente, la creación de un dispositivo en Lobitos; fueron parte de un plan hecho a tientas, sin objetivos claros y con una visión sesgada de la realidad.
Cabe señalar que el 11 de abril de 2021 se promulgó la Ley 21.325 sobre Migración y Extranjería. Sin embargo, el 5 de febrero de 2024 se crea la Ley 21.655, que incorpora en la Ley 20.430 sobre protección y refugiados, una etapa inicial al procedimiento de determinación de la condición de refugiado; y modifica la disposición sobre reconducción o devolución inmediata de la Ley 21.325, de Migración y Extranjería.
Entonces, a poco más de un año de la nueva indicación para reconducir a migrantes que ingresen de forma irregular al territorio nacional, cabe preguntarse si es factible exigir el cumplimiento de forma inmediata de dicha ley y el protocolo de reconducción firmado hace unos meses; si durante el anterior gobierno no hubo voluntad para accionar políticas en esa línea, so pena de la historia que dio inicio a este fenómeno migratorio y los sucesos que acontecieron posteriormente.
Nadie desconoce que la llegada de algunos migrantes al país ha generado problemas sociales vinculados a la ocurrencia de delitos de alta connotación social. Pero también hay muchos que contribuyen a la sociedad con sus profesiones, como las y los médicos que atienden en los Centros de Salud Familiar (Cesfam); y otros profesionales que aportan en distintos ámbitos del quehacer productivo en Tarapacá y en el resto del país.
Sin embargo, como sociedad debemos entender que cuando una persona migra de su país a otro no lo hace por gusto. En muchos casos, son migraciones forzadas por razones políticas, humanitarias, inseguridad y violencia. Al llegar, quienes no tienen un vínculo familiar en el país, tienen dificultades de acceso a derechos y servicios básicos, como trabajo, salud y educación. Además de no contar con documentos para regularizar su situación.
Muchos de ellos se han enfrentado a situaciones de explotación y abuso: trabajo infantil, violencia sexual y trata de personas. También una estigmatización y xenofobia que, en ocasiones, ha causado grandes riesgos para esta población.
Es por ello que resulta necesario que a la hora de abordar este tema, más que exigir medidas y acciones, hay que sopesar las palabras, revisar los hechos y analizar la realidad; sólo así podremos avanzar en ordenar la migración en Chile y transformarla en una oportunidad para el país.
Nota de la directora
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