Ley de Ferias libres, un nuevo marco legal para una actividad estratégica
Jorge Julio Robles, Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Tarapacá
Las ferias libres no son sólo espacios de comercio. En regiones como Tarapacá, son territorio, identidad, empleo y cohesión social. Por décadas, han sido el principal punto de encuentro entre productores, comerciantes y familias, asegurando el acceso a alimentos, dinamizando barrios completos y sosteniendo miles de economías familiares. Sin embargo, pese a su relevancia, las ferias han operado históricamente en un escenario de fragilidad normativa, dependiendo casi exclusivamente de ordenanzas municipales dispares e incompletas.
La reciente aprobación del proyecto de ley es un gran hito de cierre del Gobierno del Presidente Boric, ya que no sólo reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local , sino que viene a corregir esa deuda histórica con el sector, entregando por primera vez un marco jurídico integral, claro y moderno para una actividad que moviliza a más de 300 mil trabajadores en todo el país.
En Tarapacá, esta ley cobra un valor aún mayor. Nuestra región cuenta con una actividad ferial diversa y profundamente arraigada en el territorio. Ferias tradicionales y emblemáticas como La Quebradilla de Alto Hospicio, la feria itinerante de Iquique, las ferias artesanales y de emprendedores del borde costero, las ferias agrícolas del Tamarugal, o la feria boliviana de Colchane, reflejan no sólo dinamismo económico, sino también interculturalidad, integración fronteriza y resiliencia productiva.
Estas ferias cumplen múltiples funciones: abastecen de alimentos a precios justos, generan empleo local, promueven el emprendimiento familiar, fortalecen la identidad cultural y contribuyen a la seguridad alimentaria regional. Reconocerlas legalmente es, por tanto, reconocer una economía real, cotidiana y profundamente humana.
El nuevo marco legal aporta certezas largamente esperadas. Establece reglas claras para la creación, modificación y funcionamiento de las ferias; garantiza mayor estabilidad laboral a los feriantes; fortalece su representación y participación; y permite avanzar en políticas públicas de capacitación, seguridad y fomento productivo. Todo ello con una mirada flexible, que reconoce las particularidades locales y la diversidad territorial, algo clave para una región tan heterogénea como Tarapacá.
No obstante, esta ley también plantea un desafío relevante para los municipios. La implementación efectiva exigirá liderazgo, diálogo y capacidad técnica. Cada comuna deberá actualizar o crear su Ordenanza Local de Ferias Libres, armonizando la nueva normativa con la realidad de sus barrios, sus espacios públicos y sus comunidades feriantes. No se trata sólo de cumplir la ley, sino de construir acuerdos que fortalezcan la convivencia urbana, la seguridad y el desarrollo económico local.
La oportunidad es enorme. Si se implementa bien, esta ley permitirá profesionalizar la actividad ferial sin perder su esencia, fortalecer la economía regional desde abajo hacia arriba; y reconocer a las y los feriantes como actores estratégicos del desarrollo, no como ocupantes informales del espacio público.
En Tarapacá, donde la actividad ferial es parte viva del paisaje económico y social, este nuevo marco legal no es sólo una norma; es una herramienta para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo, más justo y más conectado con la identidad de nuestros territorios.
