Queda una semana para que el país defina su futuro, a través del plebiscito que sancionará la aprobación o rechazo de una nueva Constitución para Chile.
El devenir político y social del país no fue un escenario propicio para dar pie a este proceso, ya que sin duda la redacción de esta propuesta no estuvo exenta de dificultades y errores.
De partida, no fue un texto de consenso, por la dispar conformación del Consejo Constitucional, lo que llevó a que prevalecieran las ideas de un sector político del país, para redactar una propuesta constitucional conservadora, anquilosada en el lenguaje y refundacional de la actual Constitución de 1980.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, una Constitución es “la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política”.
En otras palabras, una Constitución es la norma fundamental de carácter estructural que permite organizar a un Estado, siendo la guía que orienta su gobernación.
Sin embargo, existen dos aspectos medulares que dificultan comprender el real sentido de la propuesta del texto constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre.
En primer lugar, lo más paradójico de esta propuesta es su extenso cuerpo legal, con 216 artículos y otros 62 de carácter transitorio.
En ese sentido, resulta complejo y confuso la decisión del Consejo Constitucional de haber redactado una propuesta de tal magnitud, incorporando capítulos sobre diversos temas cuyas materias no corresponden a un texto constitucional, sino más bien a la dictación de leyes o normas, como se estila en la mayoría de los países del orbe.
De hecho, en gran parte de otros países la constitución es un cuerpo legal estructural y acotado. Ejemplo de ello es la Constitución de Estados Unidos, que posee 7 artículos y 27 enmiendas; la de Colombia tiene 95 artículos; Francia contiene 101 artículos y dos disposiciones transitorias; España, 136 artículos; y México, con 136 artículos y 19 transitorios.
Por lo tanto, cabe preguntarse: cuál fue el motivo de redactar una propuesta constitucional tan extensa y que aborda tantos temas que no tienen relación con una Constitución?
En segundo lugar, también llama la atención que la propuesta de esta nueva Constitución no esté a la vanguardia de temas coyunturales esenciales, que hoy forman parte de la Carta Magna de distintos países (por ejemplo, Finlandia), que incorporan elementos claves de los procesos sociales que vivimos actualmente en el mundo, valorando el desarrollo humano en función de mejorar y resguardar los derechos y libertades de los ciudadanos.
En el caso de Chile, larga es la lista de elementos que contiene la propuesta constitucional que, a juicio de juristas y académicos, representan un gran retroceso respecto de lo que Chile ha avanzado para construir una sociedad moderna, ya que pondría en riesgo una serie de derechos y leyes recientemente aprobadas.
Tal es el caso del derecho a la educación y a la salud, donde se mantiene el actual modelo, que pregona la libertad de elección, asegurando el acceso a una educación y salud de calidad siempre y cuando la persona cuente con recursos. En otras palabras, perpetúa la brecha de desigualdad e inequidad entre pobres y ricos.
Asimismo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes no están garantizados en el nuevo texto constitucional, especialmente, aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o abandono; ya que no los reconoce como sujetos de derecho, lo que se contrapone a la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU), ratificado por Chile en 1990.
Por otra parte, en lo que respecta a la libertad sindical, la negociación colectiva con la empresa se restringe en aquellos casos en que la ley expresamente no permita negociar. Pero además agrega que “no pueden declararse en huelga los funcionarios del Estado, municipalidades y quienes trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, abastecimiento de la población o a la economía o seguridad del país”.
En otro ámbito, la ley de pensión de alimentos aprobada en mayo de este año, corre un serio riesgo de transformarse en letra muerta, ya que la propuesta constitucionaliza la propiedad de los fondos previsionales, lo que implica que de ser aprobado el texto de la nueva Constitución, ante una demanda de pensión de alimentos, no se podrá recurrir a los fondos previsionales para cancelar la deuda que muchos “papitos corazón” le deben a sus hijos e hijas.
Lo mismo ocurre con la ley de interrupción del embarazo en tres causales, la cual puede ser declarada inconstitucional, ya que el nuevo texto indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, asumiendo que el feto es una persona.
Y así, suman y siguen una serie de artículos que, bajo la exigencia de un quórum calificado de tres quintos para modificarlos, perpetúa la desigualdad y debilita la democracia.
Entonces, ante una propuesta de Constitución que adolece de diversos temas sociales contingentes y de actualidad; y que retrocede respecto de avances significativos en materia de derechos, impidiendo configurar una sociedad moderna y acorde a los tiempos que vivimos a nivel mundial, sólo cabe preguntarse: a la medida de quién o quiénes se redactó este nuevo texto constitucional?
Sin duda que no es para el ciudadano común, sino más bien para el “establishment” de la sociedad chilena; o mejor dicho, para los grupos de poder y la “elite”, que buscan perpetuar el modelo económico establecido en Chile desde la dictadura.
De ahí que cobra sentido la icónica frase “Que se jodan” de la campaña A Favor; una simbólica forma de mostrar gráficamente que la propuesta del texto para una nueva Constitución es un “traje a la medida” para unos pocos y no para el pueblo chileno, el ciudadano a pie, aquel que se levanta de madrugada todos los días, se traslada en micro al trabajo y labora ocho horas diarias, para poder llevar el sustento a su hogar.
Por lo tanto, el voto de este 17 de diciembre no es simbólico ni casuístico.
El voto de este 17 de diciembre definirá los sueños de un país… el porvenir de Chile.
