La existencia de los impuestos es tan viejo como la más antigua de las civilizaciones. La Biblia hace una referencia al respecto en génesis, capítulo 47, versículo 24: «Pero cuando llegue la cosecha, dale una quinta parte al Faraón. Las otras cuatro quintas partes las puedes guardar como semilla para los campos y como alimento para ustedes mismos y sus hogares y sus hijos«. Un 20% no deja de ser cuando se trata del Faraón de Egipto.
Los impuestos sean terrenales o espirituales no dejan de ser polémicos. Ni siquiera los Beatles estuvieron ajenos al tema. En su álbum Revolver de 1966, el tema “TAXMAN” (recaudador de impuestos) fue escrita por un no muy feliz George Harrison cuando se enteró lo que debía pagar al gobierno de su majestad por concepto de impuestos.
Pero volviendo al siglo XXI, nuestro Servicio de Impuestos Internos (SII) entiende como impuesto los Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público.
Este cobro de “dinero” puede dirigirse a personas naturales o jurídicas (contribuyente), por poseer la propiedad de un bien mueble (vehículos) o un bien inmueble (bienes raíces agricolas o no) o por el desarrollo de alguna actividad (consumo, ahorro, inversión, trabajo, etc..)
En nuestro sistema tributario los principales impuestos son: el impuesto al valor agregado (IVA) que representa el 42,6% de los ingresos fiscales en Chile, impuesto a la renta (que recae sobre nuestros ingresos), los famosos impuestos específicos (cigarros o combustibles), impuestos al comercio exterior (aranceles), impuestos a ciertos actos jurídicos (créditos), impuestos al patrimonio (herencias), etc…
Para el contribuyente, el cobro referido es un pago obligatorio y compulsivo, o sea, no puede eximirse o dejar de cumplir y que puede ser perseguido por la autoridad si no cumple.
El caso es que los impuestos si bien son obligatorios, son también necesarios, ya que cada ciudadano debe aportar al funcionamiento de la sociedad toda y eso involucra financiar los servicios públicos necesarios e indispensables para tener una población sana, educada, protegida y cohesionada.
Un Estado sin paz social no puede crecer ni desarrollarse. Para el progreso de cualquier actividad productiva se requiere de un ambiente social que sea propicio para la inversión y la innovación.
Sin embargo, los contribuyentes que entregan recursos al fisco (Estado) no siempre saben si el impuesto pagado le reportará un beneficio mayor, igual o inferior. Esta apreciación se verá alimentada si la percepción es que los impuestos son mal gastados o utilizados.
La aplicación de políticas públicas sin tener la certeza del beneficio de sus resultados no invita a un compromiso solidario y sólo estimula la evasión o elusión tributaria. Por lo tanto, aquellos programas estatales mal evaluados o de bajo impacto deben ser eliminados y sus recursos reorientados donde sea necesario. Entonces requerimos de un Estado que utilice los siempre escasos recursos fiscales de forma eficiente y eficaz.
Ahora bien, una reforma tributaria supone un cambio en el Sistema Tributario, esto es, la “administración”, la “recaudación” (cómo, cuándo y dónde se declaran y pagan los impuestos) y la “fiscalización” (normas, métodos y procedimientos aplicados por la autoridad para lograr el cumplimiento). Por lo tanto, es un tema complejo con varias aristas y no fácil de abordar por las numerosas implicancias que puede provocar.
Por lo tanto, una discusión tributaria no puede ser unidireccional, tampoco puede ser impuesta y menos puede ser populista, y por ello, cualquier aporte técnico es bienvenido como es el caso de la Agenda Pro Crecimiento y de Convergencia Tributaria presentada por los gremios empresariales.
Dicho documento es interesante de revisar y debatir, ya que no se limita en una contrapropuesta tributaria, sino que incorpora temas relacionados como el crecimiento económico, eficiencia en el gasto y el cumplimiento tributario, lo que permite una discusión más holística evitando reduccionismos inmediatistas en un tema tan sensible y complejo.
En dicho documento se considera las propuestas del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (también llamado Comisión Marfán), que fue solicitada por el Ministro de Hacienda y cuyo trabajo sugiere cinco medidas, todas aplicables en Tarapacá, para la expansión del producto, como es el mayor desarrollo del cobre, reducción del impuesto de primera categoría, depreciación instantánea, reducción de plazos para los permisos y fomento de energías limpias como el hidrógeno verde.
Pero volviendo al mundo del debate y del diálogo, una reforma tributaria no puede enfocarse en sólo para recaudar fondos, debe tener un propósito de mejorar la competitividad tributaria para los inversionistas nacionales, por ejemplo, igualar el impuesto de primera categoría al promedio de la tasa de impuesto corporativo que existe en los países OCDE (27% al 23%)
Asimismo, se debe propiciar el ahorro y reasignación del gasto público sin complejos y revisar aquellas situaciones que exigen una mejora para el destino de nuestros impuestos.
Por otra parte, la simplificación en los trámites para la constitución de emprendimientos sin lugar a dudas permitirá una reducción en los costos para los contribuyentes y mejorará la fiscalización tributaria. Estimo que se debe apoyar el comercio formal y de esta manera también protegemos empleos.
En materia de permisos sectoriales y ambientales, convengo con lo indicado por el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo del actual Gobierno, que sugiere un rediseño integral a objeto de acelerar la inversión pública y privada.
Todo indica que en marzo comenzará la discusión de un necesario Pacto Fiscal, sólo esperemos que la discusión política esté a la altura de la técnica.
