El pasado 7 de julio del presente año se realizó la primera sesión del Consejo Constitucional, cuyo objetivo y función era iniciar la discusión para redactar una nueva propuesta de Constitución para el país, en función del anteproyecto elaborado por una Comisión de Expertos.
Sin embargo, desde que se iniciaron los debates en torno a nuestra futura Carta Magna, la pelea ha estado centrada en corregir cada palabra, coma y “sentido literal” del texto propuesto por la Comisión de Expertos, resultando casi un símil de la actual Constitución de 1980, pero con retoques y un maquillaje barato que denota la falta de voluntad y la soberbia del conservadurismo, para no avanzar en la redacción de una propuesta de Constitución acorde al Siglo XXI, que acoja a todas y todos los que viven en esta larga y angosta franja de tierra.
Ejemplos de ello hay varios, los que fueron difundidos por los medios de comunicación, como incorporar la cueca como baile nacional y el rodeo como deporte nacional, lo que favorablemente fue eliminado de la propuesta. No obstante, ello demuestra el predominio de un sector político, olvidando por cierto la existencia de otras expresiones que forman parte de nuestra cultura e identidad.
Por otra parte, la insistencia de la derecha, y particularmente, del Partido Republicano, por incorporar e imponer aspectos de siglos pasados, como si aún viviéramos en la Colonia, dista mucho de lo que la ciudadanía pretende que sea parte del texto de una nueva Constitución.
Un ejemplo evidente es el uso del lenguaje para negar la posibilidad del aborto. El texto inicial señalaba que la Constitución “protege la vida del que está por nacer”; el cual fue modificado por la frase “protege la vida de quien está por nacer”, apuntando que la vida surge desde el momento de la concepción. Desde esa lógica, se pondría en riesgo la Ley de Aborto en Tres causales vigente desde 2017.
Otro ejemplo errático es la aprobación de la norma que permite la reelección de los consejeros regionales, alcaldes y concejales, echando por tierra la ley aprobada en 2020; y que buscaba poner término a lo que muchos denominan “la silla musical de la política”.
Y lo más crítico es la reciente aprobación de la norma contra el denominado “activismo judicial”. Ello implica que las sentencias judiciales sólo tendrán fuerza obligatoria respecto de las partes e intervinientes y en las causas en que realmente se pronunciaren, lo que afectará el alcance de las resoluciones de la Corte Suprema, las cuales no tendrán efectos generales en otras causas, como ocurrió anteriormente en las sentencias por el alza de los planes de las isapres.
Y así, suman y siguen las distorsiones respecto del contenido para propiciar una Nueva Constitución para Chile; y donde el Partido Republicano –que posee una amplia mayoría en el Consejo Constitucional-, junto a la derecha, buscan hacer un traje a la medida para sus pretensiones políticas e ideológicas, bajo el mecanismo de “Enmiendas de Unidad de Propósito”.
Es por ello que a esta altura y a dos meses de concluir el proceso, no es extraño que exista preocupación en los partidos políticos, cuyos máximos dirigentes han realizado un despliegue para una “operación salvataje”, con el fin de evitar un nuevo fracaso constitucional.
En esa línea, la Comisión de Expertos ya adelantó que realizará eventuales modificaciones al texto que redacta el Consejo Constitucional, revisión que comenzará el próximo 7 de octubre y por un plazo de cinco días.
Sin duda que el camino para la redacción de una nueva Constitución no ha sido fácil. Quizás sea el ejemplo más claro de la bazofia de los tiempos en que vivimos como sociedad, donde ciertos grupos de elite quieren imponer su visión de una realidad que no representa a la mayoría de las chilenas y chilenos a pie; mientras que la gran mayoría de la población vive en una quietud y desconocimiento abismante, pensando que la vida sólo se resuelve mirando al cielo.
Es tiempo de pensar y reflexionar sobre qué sociedad queremos construir para hoy y el futuro. No en vano tenemos 213 años como nación. No en vano se derrotó con un lápiz a una dictadura de 17 años, para volver a ser un país democrático. No en vano hubo un estallido social, donde se levantaron las banderas para clamar «el derecho de vivir en paz».
Aún queda camino por recorrer para enmendar los errores en la redacción de una nueva Constitución, previo al plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre. De lo contrario, ya sabemos cuál será el resultado.
