Desde la época preincaica, Tarapacá ha sido un territorio vinculado a la minería.
La explotación del ex mineral de plata de Huantajaya es un claro ejemplo de esta vocación que, con los pasos de los años y siglos, comenzó a expandirse a lo largo y ancho del desierto, con la industria del salitre; y luego hacia la precordillera y altiplano, para extraer otras riquezas desde el fondo de la tierra.
Hasta principios del siglo XX, la actividad minera convivía de manera armónica con el territorio, donde si bien la extracción del salitre configuró un nuevo escenario territorial, con la construcción de campamentos y la instalación de la propia industria; paralelamente fue creando una nuevo espacio social y cultural en lo que hoy conocemos como la provincia del Tamarugal, que permitió generar una sociedad que se adaptó a las condiciones del desierto y que supo convivir con aquella pampa de tierra y sol.
Sin embargo, a lo largo de los años y a medida que avanza la tecnología incorporada a la explotación minera, el territorio de Tarapacá se ha visto afectado por la presencia de la gran minería.
La instalación de empresas nacionales y transnacionales, con grandes extensiones de territorio a explotar para la extracción de cobre, yodo y nitratos; ha generado un duro y complejo escenario donde la minería no sólo ha afectado el paisaje del entorno, sino también ha provocado impactos ambientales negativos que han mermado la otra riqueza de Tarapacá, su patrimonio histórico, cultural, natural y arqueológico.
Si bien existe la Ley 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente, junto a otras normativas específicas e instituciones especializadas en materia ambiental (superintendencia y tribunales), a la fecha han sido casi insuficientes para resguardar al territorio y a sus habitantes de los impactos ambientales que han generado dichas empresas en la región.
Ejemplos de ello hay varios. Aunque son largos de enumerar, sólo basta recordar en un breve resumen los “impactos” que han provocado las empresas mineras, ampliamente difundidos en la prensa nacional e internacional.
Tal es el caso de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi que, desde su entrada en operaciones, ha incurrido en diversos impactos ambientales, como la afectación del nivel freático de la cuenca de Coposa, derrame de líquidos debido al rebalse de piscinas en Puerto Patache, contaminación del aire con ácido sulfhídrico en el área de Chanavayita, producto de las operaciones de la planta de molibdeno, entre otros.
Similar es el daño ambiental causado por Cerro Colorado –BHP Billiton a los bofedales y acuífero de Pampa Lagunillas, debido a una extracción excesiva de agua subterránea que terminó secando el bofedal y, posteriormente, destruyéndolo al incorporar un sistema artificial para bombear agua en el lugar, intentando recuperarlo. A ello se suman impactos ambientales como la afectación a los cultivos de Parca por el polvo en suspensión producto de las tronaduras y operaciones de mina; filtración de riles (residuos líquidos industriales) en las pilas de lixiviación y el daño al panel de geoglifos Nº 5 de Pampas Intermedias, donde 10 motivos antropomórficos fueron deteriorados, entre otros.
Lo mismo ocurre con Teck Quebrada Blanca, que ha generado impactos ambientales al no haber implementado un adecuado control de las medidas para la protección de aguas subterráneas en el sector del botadero de lixiviación de sulfuros, derrame de petróleo en las quebradas Blanca, Choja y Mani, no aplicar medidas para el manejo y conservación de flora y fauna en el área circundante a la mina y en la zona portuaria de Patache, entre otros.
La empresa SQM generó un impacto al Salar de Llamara, al no implementar en su proyecto Pampa Hermosa, la barrera hidráulica y un plan de alerta temprana respecto de la extracción de agua subterránea, afectando el nivel de agua del salar y la calidad de los puquíos, ecosistemas únicos que albergan estromatolitos (https://prensactiva.cl/2023/12/04/salar-de-llamara-origen-de-la-vida/)
A ello se suman otros impactos ambientales como la afectación al patrimonio arqueológico y cultural en las inmediaciones de los proyectos desarrollados en el territorio.
Mientras que en el caso de Cosayach, los impactos ambientales han sido la afectación a las instalaciones de la ex oficina La Noria, daño al patrimonio arqueológico y cultural asociado al sector de Negreiros. Además del gran acuífero de la Pampa del Tamarugal, al extraer ilegalmente agua subterránea desde 35 pozos, los cuales por orden de la Corte Suprema fueron paralizados en 2011, retirando las instalaciones y cerrando dichos pozos.
Si bien en la mayoría de los casos, la institucionalidad aplicó sanciones de diversa índole, ya sea multas o la creación de planes de cumplimiento que deben implementar las empresas para mitigar los daños ocasionados; lo paradójico es que a la fecha no existe una relación de sostenibilidad entre los procesos de producción de la minería respecto del territorio donde ésta se desarrolla. Ello resulta preocupante toda vez que da cuenta que el modelo de «protección ambiental» de nuestra legislación no está funcionando a cabalidad.
Sin embargo, en esta larga historia de impactos y daños ambientales en Tarapacá, han sido las propias comunidades vinculadas a los pueblos originarios, así como organizaciones civiles, las que han levantado la bandera de lucha para proteger el territorio. Sin embargo, muchas veces sus voces no son escuchadas, o lo que es peor, son acalladas bajo la promesa de grandes proyectos de desarrollo social y pujanza económica.
En ese sentido, y aun cuando muchos piensan y creen que la minería trae beneficios y desarrollo económico para la región; sería mucho más certero y eficaz que dicho desarrollo económico fuera más consciente por parte de las empresas, asumiendo una verdadera “Responsabilidad Social”, evitando dañar el medio ambiente, así como el patrimonio cultural, histórico, natural y arqueológico, que es lo que define la identidad del territorio de Tarapacá.
Sólo basta recordar la premisa que establece el artículo 1 de la ley 19.300, “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental…”.
Es en esa lógica donde cada habitante y las autoridades políticas deben pensar y preguntarse qué modelo de desarrollo queremos para nuestra Región de Tarapacá.
De lo contrario, en unas décadas más nos lamentaremos de no haber planificado un desarrollo armónico, eficaz y sostenible para el futuro… que está a la vuelta de la esquina.
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